*La gobernadora estatal anunció la utilidad pública de 8 hectáreas en dichos predios
Ciudad de México / El Heraldo.- La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román anunció la utilidad pública de 8 hectáreas de terreno relacionadas con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. En dichos predios se pretende construir la universidad Rosario Castellanos expropiando las propiedades de acuerdo a la reciente reforma a la ley de expropiación aprobada el mes pasado por el Congreso del Estado de Campeche.
Según se ha dado a conocer los cuatro predios de la capital campechana ubicados en el fraccionamiento Miramar que fueron señalados como de utilidad pública pertenecen a la madre del ex gobernador priísta Alejandro Moreno, Yolanda Mercedes Cardenas Montero; al igual que 2 predios más a nombre del arquitecto Juan José Salazar Ferrer y uno más a nombre de Gabriela Castilla Azar y Rafael Arturo Castilla Azar, quien ocupa el cargo de coordinador general de la oficina de la gobernadora Sansores San Román.
De acuerdo a lo especificado en documentos oficiales el dictamen de utilidad pública de los cuatro predios en cuestión fue emitido el 26 de septiembre de 2025 por parte de la Secretaría de Gobierno después de un estudio técnico jurídico, el cual justifica la utilidad pública de los terrenos, en este caso para la construcción de la Universidad Nacional Rosario Castellanos impulsada por el gobierno federal.
Amparo no servirá a Alejandro Moreno
La polémica ley recién aprobada por el congreso local y aplicada por la administración estatal refiere que los propietarios tendrán cinco días hábiles después de recibir la notificación para expresar lo que a su interés convenga y presentar las pruebas pertinentes. El pasado martes la mandataria afirmó en su programa semanal que el ex gobernador y líder nacional del PRI posee, solo en la ciudad de Campeche, al menos 34 propiedades por medio de prestanombres. Además advirtió que en el caso de ampararse ante la resolución el proceso de expropiación no se vería afectado dado que el único efecto que tendría sería la modificación del precio de compensación económica.
“los amparos no van a entrar, porque siempre con amparos intentan frenar este tipo de determinaciones; ahora sí no se vale, puedes negociar el precio, pero ya cuando se decide que es utilidad pública, esto avanza porque avanza” afirmó la mandataria
