*AUSTERIDAD EN EL DISCURSO, GASTO EN LOS HECHOS: LA NUEVA SCJN BAJO LA LUPA
Cuando Hugo Aguilar Ortiz asumió la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2025, el mensaje fue claro y directo: austeridad, fin de privilegios y una justicia cercana a la gente.
“Vamos a poder hacer mucho con poco”, afirmó.
“La justicia no debe ser un privilegio, sino un derecho”, repitió.
Se habló de reducir salarios, de administrar mejor el presupuesto y de dejar atrás los excesos que, durante años, marcaron al Máximo Tribunal.
Incluso se impulsó la idea de una nueva etapa integrada por “Ministras y Ministros del Pueblo”, con un tribunal abierto, cercano y sin lujos.
Hoy, ese discurso comienza a contrastar con los hechos.
La propia SCJN confirmó la adquisición de nueve camionetas nuevas, una para cada ministra y ministro, bajo el argumento de que se trata de unidades necesarias por razones de seguridad.
Son vehículos de alta gama cuyo precio comercial supera el millón de pesos por unidad, y que podrían elevar aún más su costo final al considerar blindaje especializado.
Desde el Poder Judicial se ha señalado que las camionetas anteriores ya no cumplían con los estándares necesarios y que la normativa interna permite su renovación periódica.
En el mismo contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum, durante una conferencia matutina, justificó la decisión al asegurar que con este esquema se ahorrarían más de mil millones de pesos, al dejar atrás el modelo de arrendamiento de vehículos.
Aunque el gobierno y la Corte argumentan un ahorro de más de mil millones de pesos a largo plazo al evitar arrendamientos, el contraste con el discurso inicial de austeridad sigue generando dudas sobre las prioridades reales.
Sin embargo, el debate no está en la legalidad del gasto, sino en la coherencia.
Las unidades sustituidas no eran inservibles ni estaban fuera de operación; simplemente no eran nuevas.
Y mientras se hablaba de “hacer mucho con poco”, se optó por renovar por completo los vehículos asignados al Pleno, enviando un mensaje que choca con la narrativa de austeridad que se prometió desde el inicio.
Las preguntas son inevitables:
¿Dónde queda la austeridad cuando se estrenan camionetas millonarias?
¿En qué punto el discurso de “justicia del pueblo” se distancia de las decisiones cotidianas?
Nadie cuestiona la importancia de la seguridad ni la facultad de la Corte para tomar este tipo de decisiones.
Lo que se pone sobre la mesa es el mensaje político que se envía en un país donde a la ciudadanía se le pide ajustarse el cinturón y confiar en que el dinero público se use con responsabilidad.
La austeridad no se demuestra con consignas ni con discursos solemnes. Se demuestra con hechos.
Y hoy, la nueva SCJN enfrenta una prueba incómoda: explicar por qué la promesa de ser distinta empieza a parecerse demasiado a aquello que dijo venir a cambiar.
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