Nueva York y Washington / La Jornada.- El presidente secuestrado de Venezuela, Nicolás Maduro Moros y su esposa Cilia Flores asistieron a su tercer audiencia de procedimiento en sus casos criminales ante un tribunal federal en Nueva York en preparación para un eventual juicio por cargos de “narcotráfico” y “narcoterrorismo”.
Los fiscales y abogados de defensa presentaron su propuesta acordada entre ellos proponiendo una serie de fechas para etapas del proceso judicial que culminarían en un juicio programado para iniciar el primero de junio de 2027, lo cual fue aprobado por el juez federal Alvin Hellerstein.
En las primeras etapas se abordaría lo que se llaman “mociones” previas al juicio, y se contempla que entre las primeras será una de la defensa en la que argumentará la inmunidad de Maduro en este caso. La fecha para la próxima audiencia es el 17 de noviembre.
También se establecieron plazos para el intercambio de evidencia entre las partes, como otras mociones sobre procedimiento.
Aún no se ha explicado cómo un mandatario y primera dama de otro país puede ser secuestrado por las fuerzas armadas de Estados Unidos violando fundamentos del derecho internacional y después presentado ante un juez en un tribunal federal como si fuera un caso de justicia más. El abogado del mandatario y el juez en el caso ya han indicado que ese asunto será abordado en algún momento.
Ese secuestro realizado el 3 de enero fue justificado por el gobierno de Donald Trump no como una acción militar sino un tipo de “extradición” en una “acción de aplicación de la ley” con base en la acusación judicial formal estadunidense que afirma que Maduro encabezaba “un gobierno corrupto e ilegítimo que, durante décadas, ha empleado el poder gubernamental para proteger y promover actividades ilegales incluyendo el narcotráfico”.
Los cuatro cargos en la acusación incluyen “conspiración de narco-terrorismo”, importación de cocaína, posesión de ametralladoras y otros “instrumentos destructivos”, todo lo cual ocurrió entre 1999 y 2025. Acusa que el presidente venezolano también fue socio del cártel de Sinaloa y de Los Zetas, como el Tren de Aragua, las FARC y el ELN [https://www.justice.gov/opa/media/1422326/dl].
Los acusados, que ya se habían declarado “no culpables” desde su primera audiencia el 5 de enero ante este juez, hoy se sentaron a lado de sus respectivos abogados en uniformes beige de reos, trasladados del Centro de Detención en Brooklyn donde permanecen durante este proceso. Maduro anotaba lo que ocurría en una libreta, pero no habló más que con su abogado.
Pero no está garantizado que este caso llegue directamente a juicio, ya que están pendientes argumentos a favor de frenar y hasta anular el caso. Por un lado, se escuchara el argumento de la defensa de que sus clientes gozan de inmunidad por el puesto oficial que ocupaban cuando fueron detenidos. También está pendiente el tema de la violación de leyes internacionales por Estados Unidos en este caso.
Y según el abogado Michael Rips, en un artículo de opinión publicado esta semana en el New York Times, también hay una ley firmada por Estados Unidos que podría determinar que los tribunales estadunidenses no tienen la autoridad para llevar este caso y que si Washington respeta su acuerdo, “bien podría verse obligado a liberar a su preciado cautivo”. Se refiere al tratado de extradición entre Estados Unidos y Venezuela de 1922, donde se establece que toda disputa sobre este acuerdo será decidido por arbitraje y por lo tanto, argumenta Rips, el juez debe “suspender el proceso y remitir el asunto a un panel de evaluadores independientes” que determinarán si se respetó el tratado. “Si los árbitros concluyen que la captura de Maduro violó el tratado, Estados Unidos estaría obligado a liberarlo”, afirma, señalando los precedentes para esto.
El abogado, por ahora, de Maduro es Barry Pollack, destacado más recientemente por su trabajo en negociar el acuerdo con el gobierno estadunidense para poner fin a la odisea legal de 15 años contra Julian Assange y lograr su liberación.
