
Madrid / La Jornada.- El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, se comprometió este lunes a que por “ética” y por respeto al “derecho internacional” garantizará el derecho de asilo a los migrantes que se encuentran en Ceuta y que sean susceptibles de esta condición.
El mandatario aseveró que la democracia “no es incompatible con la dignidad humana”, por lo que justificó el plan asistencial desarrollado en la ciudad autónoma para atender a las más de cinco mil personas que todavía deambulan en las calles tras la entrada masiva de finales de julio que el gobierno cifró en más de 72 mil y que dejó saldo de 141 fallecidos.
En una reunión con su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, tanto de las Cortes españolas como de las europeas, Sánchez defendió la gestión de su gobierno al frente de la crisis, que ha sido muy criticada por los partidos de la oposición de la derecha y la ultraderecha, que lo amenazan todos los días con llevarlo a los tribunales por “traición”.
Sánchez se refirió a la noticia política del día en Europa, el triunfo de la extrema derecha en Alemania, en Sajonia-Anhalt, para reivindicar su proyecto de izquierdas y humanitario para no sólo ser “el baluarte de la España de las libertades” sino también para ser una referencia en Europa y en el mundo.
Expuso: “habrán visto que está ahora mismo toda la internacional ultraderechista europea y también al otro lado del Atlántico atacando a España. Por algo será. Un gobierno como el de coalición progresista que tenemos en España es hoy más necesario que nunca. El mundo, por tanto, nos mira. Somos la vanguardia del avance frente a los reaccionarios. Somos la punta de lanza de las políticas progresistas ante la alianza de una involución entre la derecha cada vez más ultra y una ultraderecha cada vez más crecida y que está basada en tres prioridades que se resumen en recortar derechos y libertades, privatizar el Estado del bienestar y fracturar la convivencia”.
De ahí se refirió a los migrantes que se encuentran en Ceuta y a los que la derecha y la extrema derecha quieren expulsar del país de forma fulminante, pero el mandatario español acotó que “quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos”.
Advirtió que “la contundencia del Estado social y de derecho, que es nuestra democracia, no es incompatible con la dignidad humana”.
En el terreno judicial, la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, emitió un auto en el que asumió la investigación de lo ocurrido en Ceuta como un “ataque grave a la integridad territorial” del país.
La magistrada contó con el respaldo de la fiscalía, que el pasado viernes notificó su postura a favor de que se investiguen los hechos. En el auto, la jueza advierte que se trata de “una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España, que está garantizada en el artículo 2 de la Constitución, utilizando para ello la entrada masiva en nuestro país, a los que se ha unido flujos migratorios irregulares que han afectado gravemente a la vida y a los derechos de los ciudadanos de Ceuta”.
El presidente de Ceuta, el conservador Juan Jesús Vivas, dio una conferencia de prensa en Madrid donde aseguró que la ciudad “es una olla a presión”, y atacó al gobierno central por la gestión de la crisis, al reiterar su acusación de que “ha estado desaparecido”, además dijo estar convencido de que detrás de la crisis “está el gobierno de Marruecos”.

