*Entre las posibles conductas administrativas están la actuación bajo conflicto de interés, desvío de recursos públicos o simulación de competencia
México / Excélsior.- Cinco servidores públicos del Instituto Nacional Electoral (INE) ya fueron formalmente imputados por presuntas faltas administrativas graves, con motivo de las investigaciones sobre una posible red de corrupción durante la gestión de Guadalupe Taddei, hasta el momento hay 18 expedientes abiertos, de los cuales 13 permanecen en etapa de investigación, informó el titular del Órgano Interno de Control (OIC), Víctor Hugo Carvente Contreras.
Precisó que, a pesar de que todavía no existen resoluciones definitivas que acrediten responsabilidades, los cinco casos ya avanzaron de la fase de investigación a la de procedimiento administrativo, es decir, los servidores públicos fueron formalmente señalados y notificados para que ejerzan su derecho de defensa.
Si las conductas se clasifican como graves, los expedientes deberán ser remitidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que resolverá si procede imponer sanciones, dijo.
“¿De verdad no sabía de las contrataciones a modo? ¿Por qué el Órgano de Control no detectó las presuntas irregularidades antes de que fueran exhibidas por investigaciones periodísticas?”, fueron algunos de los cuestionamientos que enfrentó Carvente Contreras durante su comparecencia ante las comisiones unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.
En respuesta, el contralor expuso presuntas anomalías en contratos de material electoral, posibles conflictos de interés, simulación de competencia entre proveedores, documentación fiscal de otras empresas, deficiencias para comprobar servicios y hasta una posible reducción irregular de penalizaciones por incumplimientos contractuales, que se integran en estos 18 expedientes abiertos.
No solamente todo se refiere a material electoral, también existen expedientes en otras aristas de la contratación pública. Es decir, hay un universo de contratación pública y existe todo un segmento que corresponde a materia electoral. De estas, se han generado 25 vistas al área de investigaciones”, explicó.
Detalló que entre las posibles conductas administrativas identificadas están el ocultamiento o actuación bajo conflicto de interés, desvío de recursos públicos, simulación del cumplimiento de requisitos en las contrataciones, abuso de funciones, daño patrimonial y perjuicio a la Hacienda Pública, además de faltas de particulares.
Carventes precisó que el procedimiento tiene distintas etapas, primero el área de Investigación reúne elementos y, cuando encuentra indicios suficientes, formula la imputación correspondiente.
Después se inicia el procedimiento de responsabilidad administrativa, en el que los señalados pueden defenderse y aportar pruebas. En los casos graves, el OIC no dicta la sanción definitiva, sino que remite el expediente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
En cambio, las faltas no graves sí pueden ser resueltas por el propio órgano de control.
Diputados exigen explicaciones
Desde el inicio de la comparecencia, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Javier Herrera Borunda, advirtió que la reunión no sería un trámite para el contralor.
Esta comparecencia no es una cacería de brujas, pero tampoco será un mero trámite”, sostuvo.
Aseguró que proteger a una institución no significa cerrar los ojos ante posibles irregularidades y afirmó: “Aquí no habrá preguntas a modo”.
Por Movimiento Ciudadano, la diputada Claudia Gabriela Salas entregó a Carvente el reportaje de Excélsior sobre las denuncias de presuntos cobros de diezmos a trabajadores del INE. La investigación refiere exigencias de entregar dinero en efectivo de sus salarios, manejo de una contabilidad paralela y represalias administrativas contra quienes se negaron a participar en esas prácticas.
