Ciudad de México / La Jornada.- Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles en lo general la reforma al artículo 127 de la Constitución, para eliminar las llamadas pensiones doradas, cuyo propósito es evitar que ex servidores públicos de confianza de empresas del Estado y de la banca de desarrollo reciban pensiones de retiro más de 70 mil pesos mensuales.
Mientras se llevaba a cabo la discusión en el pleno de San Lázaro, un grupo de jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y Petróleos Mexicanos (Pemex), trataron de ingresar por la fuerza a la Cámara para protestar contra la aprobación de la iniciativa. Luego de retirar por la fuerza las vallas metálicas de la entrada de la calle Emiliano Zapata, los inconformes lograron entrar al primer filtro de acceso, donde quemaron mobiliario de oficina antes de retirarse.
Aunque todos los grupos parlamentarios avalaron en lo general la enmienda propuesta por la presidenta, Claudia Sheinbaum, por 458 votos en favor, legisladores tanto de la mayoría como de la oposición anunciaron que presentarán reservas a todo el proyecto, para evitar que la aplicación retroactiva de la ley genere abusos en contra de los derechos adquiridos de los trabajadores jubilados, muchos de los cuales no reciben pensiones exorbitantes.
Se registraron 92 oradores para la discusión en lo particular.
Los morenistas, Haydid Arreola, y Manuel Vázquez Arellano, subieron a tribuna para defender la iniciativa de la mandataria federal, al destacar que poner un límite al monto de las pensiones de quienes se desempeñaron como altos funcionarios de empresas del Estado –para que no excedan la mitad de lo que percibe la titular del Ejecutivo– busca “corregir la desigualdad y la injusticia” en este ámbito.
De igual forma, aseguraron que la enmienda “no es contra el universo completo de trabajadores pensionados, (sino) contra las pensiones doradas, contra una cúpula, una burbuja de trabajadores que, aunque estaban en las reglas, no por ser legal fue moral lo que hicieron. Muchas de esas pensiones que lograron obtener fue por acuerdos, por compadrazgos, por amistades políticas, por favores políticos”.
En defensa de la iniciativa, la petista, Irma Garay, señaló que la persistencia de esquemas pensionarios con montos desproporcionados “representa una carga para las finanzas públicas y una herida latente en la confianza de toda nuestra gente”, pues con el pago de “pensiones desproporcionadas para unos cuantos, cuando la mayoría tiene una incertidumbre en su retiro, se rompe con el principio de la austeridad”.
Aseguró que con la reforma “no se eliminan derechos laborales legítimos, (sino que) se corrigen privilegios que generaban desigualdad, estableciendo así una nueva medida que promueve la responsabilidad en el ejercicio del gasto público, evitando abusos en el retiro de altos cargos del sector gubernamental”.
Por su parte, Ruth Marisela Silva (PVEM), insistió en que la enmienda “no va contra quienes han construido su retiro con años de esfuerzo, disciplina y de servicio, (sino) contra los privilegios ofensivos de una minoría que durante mucho tiempo vivió al amparo de esquemas desproporcionados”.
Según la legisladora, “existen casi 100 mil registros de jubilados provenientes de empresas del Estado y de la banca de desarrollo. Actualmente, tres personas reciben jubilaciones superiores a un millón de pesos mensuales; 67 perciben entre 500 mil y un millón de pesos mensuales. Y más de 18 mil reciben entre 100 mil y 500 mil pesos mensuales. Esto es una verdadera bofetada al pueblo”.
